Ahora que la elecci\u00f3n finalmente ha terminado, un mecanismo legal interesante para discutir se llama una orden de “Quo Warranto”. Este es un procedimiento raramente utilizado, pero todav\u00eda significativo, que generalmente se utiliza para desafiar la autoridad de un funcionario p\u00fablico. Este proceso existe tanto para funcionarios federales como para funcionarios del estado de Florida. El uso del procedimiento federal se limita en gran medida a los tribunales ubicados en Washington, D.C., y como asunto general no puede ser llevado por ciudadanos privados. Ver Erik W. Scharf y Wayne R. Atkins, Coram What? An Introduction to Federal Special Writs (\u00bfQu\u00e9? Una Introducci\u00f3n a las Ordenes Especiales Federales), Fla. Bar Journal (junio de 2011). Como tal, no garantiza mucha discusi\u00f3n aqu\u00ed. Sin embargo, el equivalente del estado de la Florida tambi\u00e9n es interesante.<\/p>\n
La orden judicial puede utilizarse tanto para impugnar la autoridad de un individuo para ocupar un cargo p\u00fablico en particular, como simplemente para impugnar la autoridad de un funcionario p\u00fablico para ejercer cierta autoridad que \u00e9l o ella deriva del Estado. Por ejemplo, la orden se utiliz\u00f3 con \u00e9xito en el 2011 para impugnar ciertas \u00f3rdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Rick Scott por exceder la autoridad constitucional del gobernador y por violar la doctrina de la separaci\u00f3n de poderes. Whiley v. Scott, 79 So. 3d 702, 705 (Florida, 2011).<\/p>\n
Como era de esperar, el uso exitoso de la orden judicial para impugnar el derecho de una persona a ocupar un cargo p\u00fablico en particular (a diferencia del desaf\u00edo de una acci\u00f3n particular tomada por un funcionario p\u00fablico) es mucho m\u00e1s raro. Sin embargo, la Corte Suprema de la Florida ha reconocido que esto es como un uso adecuado de la orden. Ver Estado ex rel. Bruce v. Kiesling, 632 So. 2d 601, 603 (Florida, 1994) \u201cObservamos que el remedio de derecho com\u00fan del quo warranto se emplea para determinar el derecho de un individuo a ocupar un cargo p\u00fablico o para impugnar el intento de un funcionario p\u00fablico de ejercer alg\u00fan derecho o privilegio derivado del Estado.”<\/p>\n
Dicho esto, al menos con respecto a los funcionarios electos, los tribunales ponen una pesada carga para los peticionarios. Como lo ha explicado el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito de Florida, “[Una] elecci\u00f3n no debe ser anulada a menos que un tribunal encuentre un incumplimiento sustancial de un procedimiento electoral legal y tambi\u00e9n haga una determinaci\u00f3n objetiva de que existe una duda razonable y tambi\u00e9n hace una determinaci\u00f3n objetiva de que existe una duda razonable sobre si una elecci\u00f3n certificada expres\u00f3 la voluntad de los votantes”. Fouts v. Bolay, 795 So. 2d 1116, 1118 (Tribunal de Apelaciones del 5\u00ba Distrito Florida, 2001). Adem\u00e1s, el Estatuto de la Florida \u00a7102.168 impone una serie de requisitos procesales adicionales para las partes que buscan hacerlo.<\/p>\n
La Regla de Procedimiento Civil de la Florida 1.630 tambi\u00e9n impone un n\u00famero o requisitos de procedimiento en cualquier petici\u00f3n de una orden especial, que var\u00edan de los procedimientos normales aplicables a la mayor\u00eda de los litigios civiles. Por lo tanto, cualquier individuo o entidad interesada en buscar tal alivio extraordinario deber\u00eda consultar a un abogado con experiencia en esa \u00e1rea de la ley..<\/p>\n
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